Durante años, los agricultores han tenido que remolcar sus máquinas a un concesionario
autorizado para que alguien con acceso al software desbloquee una avería que muchas veces
podría haberse resuelto en el propio campo.
La novedad es que en Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental ha publicado una guía
en la que deja claro que la Ley de Aire Limpio no puede utilizarse como escudo para negar el
acceso a herramientas de diagnóstico, manuales completos o programas necesarios para reparar
la maquinaria agrícola, siempre que esta vuelva después a su configuración de emisiones
certificada.
Esta guía no modifica la normativa sobre emisiones ni rebaja las obligaciones de cumplimiento,
pero zanja una interpretación que los fabricantes habían explotado durante años. El argumento de
que cualquier intervención electrónica de un tercero podía vulnerar esta ley fue lo que alimentó
un modelo de servicio posventa casi cautivo. Ese enfoque está en el centro de la batalla por el
llamado derecho a reparar, respaldado en Estados Unidos por informes como el estudio «Nixing
the Fix» de la Comisión Federal de Comercio, que ya alertó de los efectos anticompetitivos de
estas restricciones.
Para los agricultores, el matiz jurídico tiene una traducción inmediata en tiempo y dinero. Cada día
que un tractor queda inmovilizado en un taller a cientos de kilómetros se pierde una ventana de
siembra, una aplicación de fertilizante o una cosecha que no espera.
El movimiento afecta de lleno a fabricantes como Deere, convertida en símbolo de esta disputa
por la combinación de equipos de alto precio, software cerrado y concesionarios con acceso
exclusivo a los códigos. La empresa fue quien pidió formalmente a la agencia ambiental que
clarificara el alcance de la normativa sobre emisiones en relación con las reparaciones, después de
una cascada de demandas y acuerdos voluntarios que apenas habían abierto la mano. Al mismo
tiempo, varios estados han empezado a legislar por su cuenta y Colorado se ha situado como
pionero con una ley específica para obligar a los fabricantes de maquinaria agrícola a facilitar
piezas, documentación y programas a mecánicos independientes a usuarios finales.
A nivel federal, la discusión ha llegado al Congreso con iniciativas como el proyecto de ley
“Agricultural Right to Repair Act”, que pretende obligar a los fabricantes a compartir herramientas,
piezas y software para todo tipo de implementos agrícolas electrónicos. La guía de la agencia
ambiental no sustituye ese debate legislativo, pero envía una señal clara a la industria sobre cómo
deben interpretarse las normas existentes.
Las restricciones al acceso a las reparaciones han empujado a muchos agricultores a mantener en
servicio tractores antiguos sin sistemas avanzados de control de emisiones simplemente porque
pueden arreglarlos en su propio taller o con un mecánico local. Esa paradoja choca con la agenda
de modernización y con las demandas de una agricultura más sostenible, basada en prácticas
como la agricultura ecológica y la reducción del uso de químicos.
Esperemos que estas medidas lleguen pronto a México y Latinoamérica para evitar esa
dependencia tan restrictiva con respecto al mantenimiento de los tractores, lo que a su vez puede
incentivar la venta de tractores nuevos.
Fuente: PRENSA MERCOSUR