Los hechos delictivos en contra de trabajadores de la compañía minera canadiense Vizsla Silver
Corp, ocurrido hace unos días en Concordia, Sinaloa, evidenció la situación de inseguridad que
padecen empresas mineras y sus trabajadores en México, materializadas en extorsiones y otros
delitos, que impactan en sus costos de producción y en la percepción de México como país destino
para la inversión.
El cobro de piso a compañías mineras en México es una de las actividades a las que recurren desde
hace varios años organizaciones criminales para diversificar sus fuentes de ingresos.
De acuerdo con la Cámara Minera de México, (Camimex), las empresas del sector, al operar en
zonas alejadas de los centros urbanos, son un blanco susceptible de diversos delitos, desde el robo
en instalaciones, hasta el asalto en el transporte de material, pasando por otra amplia gama de
ilícitos que afectan a la propiedad y a las personas.
En su informe anual 2025, aunque no menciona expresamente extorsiones, esa cámara estima
que los delitos que impactan al sector representan hasta 5% de los costos totales y hasta 7% en
mermas, afectando además las condiciones de inversión y, por tanto, la competitividad de la
industria.
Eso obliga a las compañías a desviar recursos para seguridad privada, rubro en el que en 2024
destinaron 105.7 millones de dólares y prevén que cuando cierren las cuentas de 2025 hayan
desembolsado por ese concepto 108.7 millones de dólares.
La organización empresarial destaca que las condiciones de seguridad son una de las variables que
evalúa la encuesta anual del Instituto Fraser, que es un centro de investigación canadiense
consultado por empresas del sector e inversionistas.
Según ese organismo, en el caso de México, la seguridad es la variable en la que aparece peor
evaluado. En su reporte de 2023, ubicó al país en el lugar 74 de 86.
Según el análisis, eso representa un descenso drástico desde el puesto 37 de 62 que ocupó en
2022, con una pérdida de 23 puntos.
Entre los factores que deterioraron la competitividad de México citados en el documento, con
base en lo expresado por los mineros consultados por el instituto, se encuentra la presencia activa
de cárteles y la falta de protección por parte de las autoridades o la policía mexicana.
Fuente: El economista